La auditoría de Brasil rechazó este miércoles la rendición de cuentas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en el ejercicio 2014, en otro duro revés para la mandataria que alienta a las fuerzas opositoras que buscan iniciarle un juicio político.
En otro día negro para el Gobierno, que ahonda la crisis que vive la séptima economía global, los auditores objetaron los gastos al señalar que se habían maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106.000 millones de reales (27.390 millones de dólares, al cambio actual).
El dictamen negativo tiene un solo antecedente: la gestión presentada en 1936, es decir, la primera en ser rechazada luego de casi 80 años.
“Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional”, dijo el ministro Augusto Nardes, a cargo de evaluar el caso, en un voto que fue acompañado en forma unánime por los restantes siete miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano que asiste al Congreso y fiscaliza las cuentas de otros poderes del Estado.
El TCU también detectó retrasos en los pagos del Gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolas a usar recursos propios, lo que está vedado por la ley de responsabilidad fiscal, que no permite que la banca pública conceda créditos al Tesoro.
Entre otras irregularidades, figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
“No fueron prevenidos los riesgos, ni tampoco corregidos los desvíos que ocasionaron el ‘desequilibrio’ de las cuentas públicas en cerca de 40.000 millones de reales en el ejercicio 2014 (...) La existencia de operaciones de crédito no registradas, así como el subregistro de pasivos, permite evidenciar resultados fiscales que no son reales”, señala Nardes en el escrito que justificó el rechazo.
Ahora, el dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso, que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarles a Rousseff y otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y alentaría las expectativas de los partidos opositores, como el PSDB (centro), derrotado ajustadamente en las elecciones de octubre del año pasado, que quieren abrir un proceso de impeachment (destitución) contra Rousseff.
Los “delitos de responsabilidad” son uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político con miras a la destitución del jefe de Estado.
La Cámara de los Diputados analiza si admite a trámite una decena de solicitudes de la oposición para la apertura de juicios políticos con el objetivo de destituir a Rousseff, varios de las cuales citan estas maniobras fiscales.
Antes de la votación, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó dos peticiones del Gobierno para apartar del caso al juez instructor, a quien acusó de ser “parcial” y de haber anticipado su decisión de votar contra los intereses de Rousseff.
Tras el dictamen, el Palacio de Planalto divulgó un comunicado, en el que aseguró que “los órganos técnicos y jurídicos del Gobierno federal tienen la plena convicción de que no hay motivos legales para rechazar las cuentas”.
Brasilia (AFP)
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